Este jueves cuatro (4) de mayo el Congreso Nacional de Honduras, decidió mantener en el nuevo Código Penal la criminalización completa del aborto y legislando bajo influencias religiosas y la no por la información científica. Esto a pesar de las fuertes campañas y acciones de incidencia política que todas las organizaciones de mujeres y feministas del país, en especial Somos Muchas, realizaron en torno a la exigencia de la despenalización del aborto bajo 3 causales; cuando es producto de una violación sexual, cuando es inviable la vida extrauterina y cuando el proceso de embarazo signifique un riesgo de muerte para la madre.
Al finalizar la jornada de discusión que concluyó con la negativa, diversos medios de comunicación entrevistaron al presidente del Congreso Mauricio Oliva, del partido Nacional de Honduras, quien entre comentarios faltos de elocuencia y con ejemplos alejados de la realidad, se mostró satisfecho con el resultado del poder legislativo evidenciando los principios conservadores que rigen al partido político que él pertenece.
Ante esta situación, la plataforma Somos Muchas expresó mediante comunicado urgente que la decisión del legislativo condena a las niñas y mujeres a una forma de tortura, en un país donde los índices de violencia sexual, el embarazo en niñas y adolescentes y la pobreza es de los más altos en la región, recalcan que cada año más de 900 niñas quedan embarazadas por una violación sexual, los índices de muertes maternas evitables son altísimos y que obligar a una mujer a llevar un embarazo no deseado, es una forma de tortura.
Es lamentable que una vez más, el Congreso Nacional y los partidos políticos desaprovecharon una oportunidad para mejorar la situación de las mujeres hondureñas y para que el país saliera del retraso que le coloca en la vergonzosa lista de los únicos 7 países de Latinoamérica y el Caribe que permiten este tipo de violencia contra niñas y mujeres.
Las y los diputados que tomaron esta decisión, así como quienes se llamaron al silencio cómplice, utilizaron argumentos conservadores y fundamentalista que criminalizaron a las personas que integran unas de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad: las mujeres y niñas.
Es responsabilidad también del poder económico del país como empresarios, élites religiosas, confraternidad evangélica y Partido Nacional la decisión tomada en el pleno, que violenta los derechos humanos de más de la mitad de la población hondureña, que son las mujeres, niñas y cuerpos gestantes. Dicha decisión contraviene las recomendaciones de órganos internacionales de Derechos Humanos.
“Sus posiciones son un acto de injusticia social contra las mujeres en situación de pobreza y contribuyeron a enterrar en el olvido la desesperanza a miles de niñas y mujeres en Honduras. Unos y otros obviaron que nuestro país es una República laica que debe garantizar derechos fundamentales a toda su población y no someterse a las creencias de sectores conservadores de las iglesias católicas y evangélicas cuyas élites encubren violadores o promueven la discriminación y la violencia contra las mujeres. Como ciudadanas vamos a seguir luchando por la despenalización de la interrupción del embarazo por causales” Afirmaron las integrantes de Somos Muchas.