Contexto y Datos
El contexto del Derecho a Decidir en Honduras se encuentra en un estado de precarización; el aborto se encuentra penalizado en su totalidad, la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia se encuentra prohibida desde hace 11 años y no existe acceso a una Educación Sexual Integral.
Derechos Humanos
Desde el golpe de Estado en Honduras en el año 2009, en el país se instauró una violación sistemática de derechos humanos, afectando esto en mayor manera a las Mujeres y las niñas, En el 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó un informe donde se detalla los aspectos más significativos en este tema:
Derechos civiles y políticos:
A pesar de la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el año 2000, según el Informe Global sobre la Brecha de Género del Foro Económico Mundial, en Honduras las mujeres ocupan el 25,8% de los puestos ministeriales en el país, frente al 17% registrado en 2016. Solamente 27,3% de los escaños del Congreso están ocupados por mujeres, dato corroborado en la información transmitida por el Estado a la CIDH.
Educación:
El alcance de la cobertura escolar se estima en 58,2% a nivel nacional, y un 1,2 millón de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años no estudian, violentando de esta manera, el acceso a la educación y el desempeño de las niñas, niños y adolescentes. Entre las causas principales del ausentismo y deserción escolar se encuentran la falta de recursos económicos, el embarazo adolescente y la violencia en el ámbito educativo.
Libertad de expresión:
En Honduras las periodistas y medios de comunicación han sido objeto de amenazas y agresiones tanto por parte de agentes estatales como de simpatizantes del partido de gobierno, solo en el 2013 y 2014 fueron asesinados 50 comunicadores y trabajadores de medios. La CIDH enfatizó en la persistencia de elevados niveles de violencia contra periodistas, así como en los altos niveles de impunidad, incluso en casos de amenazas, por ejemplo, las que ha recibido la presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH).
Violencia Sexual:
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la prevalencia del abuso sexual durante la niñez es del 7,8%, posicionándose como el más alto de Centroamérica. En 2018, se registraron un total de 596 denuncias, de las cuales 496 obtuvieron resoluciones; el 97% de estas fueron hombres imputados y 92% de los casos fueron mujeres las víctimas. Los delitos más comunes son violación con un 60% y actos de lujuria con 34%. En ese mismo año se reportaron 98 nuevos casos ingresados al sistema judicial, que representan un aumento porcentual del 21% respecto al año anterior.
Seguridad social:
De acuerdo con UNICEF, en Honduras hay hasta 25.000 jóvenes en pandillas, de los cuales 4.700 son niños, niñas y jóvenes, siendo las niñas víctimas de violencia sexual al ser tratadas como “objetos sexuales”. Estas suelen tener roles que las vinculan a bandas criminales, en algunos casos asignándoles tareas de cuido de instalaciones o cuidados de menores, y en otros como integrantes activas de los grupos delictivos. En Honduras existen 536 niños y niñas privades de libertad, con edades entre 13 y 23 años de edad.
Migración:
Honduras es uno de los países de la región con el mayor número de niños, niñas y adolescentes migrantes. Esta situación se debe a distintos motivos, ya sea para escapar de la situación de violencia e inseguridad que se vive en el país o en busca de mejores oportunidades para su futuro. Entre enero y abril de 2018, en México se habrían presentado ante las autoridades migratorias aproximadamente 2,065 niñas, niños y adolescentes no acompañados provenientes de Honduras.
Acceso a la tierra:
En Honduras existe una situación alarmante hacia los y las defensores de la tierra, ya que los proyectos extractivistas de las multinacionales acceden a concesiones territoriales que ponen en riesgo la vida de los pueblos. Quienes defienden sus territorios, se enfrentan a graves represiones que van desde la persecución, el encarcelamiento hasta la muerte. Ejemplo de ello es el asesinato de lideresas de movimientos populares como Berta Cáceres y Margarita Murillo.
Derecho Laboral:
Las mujeres perciben casi la mitad del salario en comparación con sus contrapartes hombres, trabajan mayoritariamente en la informalidad, y se ven particularmente afectadas por el desempleo. Las condiciones de trabajo doméstico en el país y la situación de explotación laboral en la que se encontraría aproximadamente 125,000 mujeres y adolescentes, enfrentan jornadas de más de 15 horas laborales, sin seguridad social, con remuneraciones inferiores a los estándares legales, con contratos informales y privadas de comunicación con sus familiares, en contradicción con las disposiciones laborales nacionales e internacionales en la materia.
Derechos reproductivos
El contexto legal del aborto en Honduras ha tenido diversos matices, a lo largo de la historia legislativa se han mantenido lineamientos que violentan el derecho a decidir de las mujeres y niñas. Este conjunto de leyes que rige el país tiene un enfoque patriarcal, sexista y clasista que deja de lado las necesidades urgentes en materia de la salud sexual y reproductiva.
Prueba de esto es la penalización explícita y absoluta del aborto en el Código Penal, a pesar de haber uno de reciente aprobación, mantiene intactos los dogmas misóginos que sustentan los sectores económicos y políticos conservadores del país, quienes junto a los sectores religiosos que mantienen una fuerte influencia, no permiten avances en el reconocimiento de derechos.
La mutilación de derechos sexuales y reproductivos continúa, y por el acuerdo ministerial 2744-2009 emitido en octubre de 2009, en Honduras se prohíbe la promoción, el uso, compra y venta de la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) dejando así en un estado de desprotección principalmente a las víctimas de violencia sexual, que en el país son muchas.
Tal y como lo asegura la Investigación de Criminalización del delito del aborto en Honduras, desde 2006 a 2018 se han documento 47 mujeres judicializadas por el delito del aborto en el país, mujeres que provienen de diversos sectores poblacionales y sociales; de estas el 81% son de sectores urbanos y más del 40% tienen edades entre 18-29 años; cabe destacar que también hay menores de edad criminalizadas.
Salud
Honduras posee un contexto adverso para las mujeres en cuanto al derecho a decidir ya que no existe un reconocimiento a la autonomía y libertad sobre sus cuerpos y sus existencias.
Desde 2009 está prohibida la promoción, uso, compra y venta de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia (PAE), y no existen protocolos de atención a víctimas sobrevivientes de una agresión sexual. Adicionalmente Honduras es uno de los países más desiguales en Latinoamérica, con altas tasas de desempleo y de subempleo y donde la precarización del sistema de salud y educación afecta el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas.
El aborto se encuentra penalizado según artículo 196 del nuevo Código Penal, incluyendo cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la mujer, cuando el embarazo es inviable, y en casos de embarazos producto de violación.
Los registros hospitalarios de muertes maternas proporcionados por la Secretaría de Salud indican que en Honduras el 5% de todas esas muertes están asociadas a abortos inseguros.
Así mismo, un informe sobre la situación de las mujeres en el país, elaborado por Somos Muchas en 2018, afirmó que el 36% de esas muertes maternas en Honduras ocurre en mujeres menores de 19 años.
En un informe sobre Honduras elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reporta que en 2016 ocurrieron 900 partos de niñas entre 10 y 14 años, y 24,000 partos de adolescentes de entre 15 y 19 años, muchos de ellos, resultado de violencia sexual y de la falta de acceso a métodos anticonceptivos. También reporta que el 39% de las mujeres entre 20 – 24 años, se han unido o casado antes de los 18 años, esto resulta preocupante ya que Honduras es el segundo país en Latinoamérica con altos índices en embarazos adolescentes.
Por su parte el poder ejecutivo a través de la Secretaría de Salud ha aprobado una serie de políticas públicas, entre ellas, la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la Política de Género de la Secretaría de Salud, las Normas de Atención en Planificación Familiar, las Normas de Atención Materno Neonatal, entre otras. Sin embargo, ninguna de ellas cuenta con recursos para su implementación, con lo que se constituyen en una farsa.
Tal y como lo asegura la Sistematización de respuestas a solicitudes de información pública a través de SIELHO sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, entre el 2017 – 2018, se encuentra sólo un proceso de investigación por el ¨delito¨ de aborto, así mismo, entre el 2012 y 2018, 6 mujeres fueron condenadas por aborto, ninguna guarda prisión por condena de delito de aborto, pero poseen medidas restrictivas.