La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) publicó un artículo en su sitio web sobre su reciente visita al país, donde mostraron su apoyo público a la despenalización del aborto en Honduras por tres causales. Compartimos la traducción del artículo a continuación:
Honduras es uno de los pocos países del mundo que todavía tiene una prohibición total del aborto. Esta prohibición se ha intensificado aún más con la introducción de una reforma constitucional que pretende impedir cualquier tipo de despenalización en el futuro.
Actualmente, las mujeres y las niñas de Honduras viven bajo una grave amenaza. Si deciden abortar, deben hacerlo de forma clandestina y a menudo insegura -incluso si han sido violadas o la maternidad supone un riesgo para su vida- y se arriesgan a ir a la cárcel hasta 10 años.
Utilizar las pruebas científicas para apoyar los esfuerzos locales de defensa de los derechos
El movimiento «Somos Muchas«, una colectiva de organizaciones de mujeres, aboga por la despenalización del aborto por motivos de salud, vida y malformación del feto con una campaña denominada «Una Corte Justa».
Parte de la estrategia de la campaña fue la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, para la cual la FIGO proporcionó un Amicus Curiae firmado por la presidenta de la FIGO, la Dra. Jeanne Conry.
El 2 de junio de 2022, la Dra. Laura Gil, Vicepresidenta del Comité de Aborto Seguro de la FIGO, representó a la FIGO en la Corte Suprema de Justicia de Honduras (Sala de lo Constitucional) para presentar el Amicus Curiae con evidencia científica a favor de la despenalización del aborto en casos de riesgo para la vida o la salud de las mujeres y las niñas. También participó en acciones de prensa en radio y televisión para dar a conocer la campaña, y asistió a una reunión con la Viceministra de Justicia para discutir la importancia de apoyar esta iniciativa de despenalización del aborto.
Los peligros de la penalización para las mujeres, las niñas y los profesionales de la salud
En las pruebas científicas presentadas al Tribunal, la FIGO destacó que la penalización del aborto no da lugar a menos abortos. De hecho, sólo hace que los abortos sean inseguros para las mujeres y las niñas que buscan atención para el aborto, independientemente de su estatus legal.
La FIGO destacó que la decisión de continuar con un embarazo, especialmente cuando supone un riesgo para la vida o la salud de la mujer o cuando el feto sufre malformaciones letales, sólo debe ser tomada por la persona embarazada. Además, es responsabilidad de los Estados y de sus sistemas sanitarios garantizar la prestación de servicios sanitarios seguros.
“La protección de la vida humana desde la concepción debe garantizarse con medios eficaces y compatibles con los derechos fundamentales de las personas. La penalización del aborto no es uno de ellos, ya que no reduce el número de abortos y pone en peligro la vida de muchas mujeres y niñas, especialmente las más vulnerables.
Como ginecóloga, considero que es mi deber ético y moral proteger a las mujeres y niñas y proporcionarles la atención compasiva y equitativa que merecen y que toda sociedad y Estado debe garantizar.
– Dra. Laura Gil, Vicepresidenta del Comité de Aborto Seguro de la FIGO
Además, la FIGO planteó que la legislación actual ejerce una presión inaceptable sobre los profesionales de la salud en Honduras. La ley les prohíbe interrumpir un embarazo aunque ponga en peligro la vida de la paciente, lo que les obliga a dejar a las pacientes a merced de un aborto inseguro, a sabiendas del daño que les causará.
La penalización impide a los profesionales de la salud ofrecer la mejor atención posible a sus pacientes, infunde miedo a la hora de prestar atención postaborto y obliga a los proveedores a romper el secreto médico cuando se enfrentan al dilema de informar sobre casos de aborto.
En su Amicus Curiae, la FIGO ha pedido al Estado hondureño que revise la constitucionalidad de la prohibición del aborto. Ha instado a los gobernantes a que reconozcan y garanticen el aborto como una atención sanitaria esencial y urgente, de acuerdo con las recomendaciones de derechos humanos y la evidencia científica.