SALUD SEXUAL: AMENAZA PARA EL PODER
Un análisis desde las estructuras de poder y la accesibilidad de servicios
Honduras es un país en el centro de América donde la mayoría de su población camina bajo un sendero de conservadurismo, apatía política y políticos con una retórica vacía y una sobrevalorada demagogia en sus discursos. Honduras es un país donde muchos temas sociales en pro de la población, suelen ser discusiones interminables que se pasean entre el Estado y los grupos élites de poder, claro, siempre buscando proteger sus intereses, pero ¿Y los de la población?.
En Honduras la Salud Sexual y Reproductiva parece un eterno Jump Ball (balón al aire). El poder se debate entre el Estado, que desdibuja su laicidad para jugar en sintonía con la religión, frente a las organizaciones de Derechos Humanos.
El recorrido de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente en Honduras permite observar esta disputa. El Congreso Nacional la aprobó el 8 de marzo de 2023 y posteriormente fue vetada por el Poder Ejecutivo durante el gobierno de Xiomara Castro. Tras su publicación en La Gaceta el 22 de enero de 2026, el Congreso declaró ineficaz esa publicación el 28 de octubre al considerar que no se había completado el procedimiento constitucional posterior al veto. La controversia institucional deja abierta una pregunta política: ¿qué respuestas concretas recibirán las infancias y adolescencias cuyo acceso a información y herramientas de prevención sigue en disputa.
Desde el análisis de la Salud Sexual como amenaza política, es necesario reconocer que la Salud Sexual no es solamente un problema médico, sino un desafío político y económico. Reconocer que la falta de acceso a los servicios gratuitos de salud sexual es, evidentemente, una estrategia de control que mantiene las estructuras de poder tradicionales. Actualmente, a pesar de los notables avances que existen en materia de salud en el país, algunos panoramas parecieran indicar que volvemos a los 90s cuando la Salud Sexual Reproductiva no estaba reconocida dentro de las políticas públicas de Honduras.
El acceso a la salud sexual y reproductiva comienza también en las aulas de clase. La Educación Sexual Integral ofrece conocimientos sobre el cuerpo, las relaciones, el consentimiento y la prevención de la violencia, mediante contenidos adecuados a la edad y el desarrollo de cada persona. Desde esta perspectiva, obstaculizar tiene la dimensión política de limitar las herramientas con las que NNA (niños, niñas y adolescentes) pueden reconocer vulneraciones, tomar decisiones informadas y exigir el respeto de sus derechos.
Esta discusión también ocupa un lugar en la agenda interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos convocó para el 29 de octubre de 2026 la audiencia pública “Honduras: Acceso a los derechos sexuales y reproductivos”, con organizaciones de la sociedad civil y el Estado hondureño entre los participantes previstos. Además, en su informe sobre Honduras de 2024, la CIDH ya había recomendado promover el acceso de niñas, niños y adolescentes a una educación sexual integral de base científica y adecuada a su edad. Desde este marco, las decisiones nacionales pueden examinarse a la luz de las recomendaciones internacionales dirigidas a garantizar estos derechos.
La Amenaza Política se simplifica en este contexto, desde el simple hecho que, una persona que conoce sus derechos tiene mayor probabilidad a interpelar las formas de autoridad y opresión que se ejercen de forma sistemática. Foucault desarrolla un concepto para este panorama: “el biopoder”. Este explica cómo el Poder domina los cuerpos; en otras palabras, cómo el Estado no solo castiga sino que también “gestiona” la vida.
Al convertir la salud en un objeto de control, el sistema mismo busca crear cierto grado de docilidad en los cuerpos, cuerpos que le permitan funcionar sin obstáculos. Es por eso y, siguiendo la lógica del biopoder, al Estado no le conviene tener programas o siquiera servicios dignos en materia de Salud Sexual y Reproductiva porque sabe que donde hay poder hay cierta resistencia. Desde esta perspectiva, el poder también se ejerce mediante las decisiones sobre qué información y servicios de salud sexual y reproductiva están disponibles y esa autonomía puede representar una amenaza para los sectores que buscan mantener su autoridad sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones.