Según el estudio “Niñas Madres” realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), cada año en Honduras, más de 900 niñas quedan embarazadas producto de una violación sexual las cuales no tienen acceso a la píldora anticonceptiva de emergencia (PAE) ni a la interrupción del embarazo.
Esta semana, las diputadas y diputados del país tienen la oportunidad de generar un avance significativo para la vida y la salud sexual y reproductiva de las niñas y las mujeres en Honduras ya que se está finalizando la discusión en el pleno legislativo de un nuevo Código Penal, teniendo la oportunidad de despenalizar la interrupción del embarazo.
En este contexto, la plataforma Somos muchas, integrada por más de 20 organizaciones en Honduras, mujeres feministas independientes, que apoyan la libertad y la vida de las mujeres propone con sustento científico, legal, religioso y social al Congreso Nacional para valorar la despenalización bajo 3 causales; cuando la vida de la mujer está en peligro, en casos de violación e incesto y cuando el feto no tiene posibilidades de vida.
Según un sondeo de Le Vote, el 62 % de las y los hondureños apoyan la despenalización por estas tres causales, evidenciando así que la población está consciente de esta grave problemática y está a favor de su pronta resolución, de aprobarse en el nuevo Código Penal la despenalización bajo tres causales, Honduras dejaría de ser uno de los países en Latinoamérica que penaliza totalmente la interrupción del embarazo, condición que según las Naciones Unidas es una forma de tortura.
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