Derecho a Decidir

Nosotras Decidimos 

Desde Somos Muchas concebimos el derecho a decidir como un derecho que atraviesa todas las dimensiones de las personas, esto implica el acceso a los medios necesarios para la toma de decisiones autónomas sobre nuestro cuerpos, vidas y existencias.

En Honduras, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo y la maternidad sigue siendo un tema central de lucha. Somos Muchas aboga por la despenalización social y legal del aborto, entendiendo que la autonomía reproductiva es un derecho fundamental para todas las personas, especialmente quienes tienen la capacidad de gestar. La criminalización del aborto no solo pone en riesgo la salud y la vida de las mujeres, sino que también perpetúa la violencia de género y las desigualdades sociales. Creemos firmemente que cada mujer tiene el derecho de tomar decisiones informadas sobre su salud y su futuro, sin ser penalizada ni estigmatizada. A través de la despenalización del aborto, buscamos garantizar el acceso a servicios médicos seguros y a un entorno digno en donde las personas que abortan tengan libertad reproductiva y no sientan el temor a ser perseguidas.

Algunas de las dimensiones del Derecho a Decidir son:

1. Dimensión de la autonomía personal

El derecho a decidir implica que las mujeres tienen la capacidad y el derecho fundamental de tomar decisiones sobre su propio cuerpo, salud y vida sin ser coaccionadas ni forzadas por otros, ni castigadas y sin el temor a ser criminalizadas. Esta autonomía también incluye a las personas creyentes y parte de congregaciones religiosas, pues respeta la libertad de conciencia y la dignidad de la mujer, permitiéndole tomar decisiones responsables en consonancia con su fe y las circunstancias que enfrentan, siempre con un enfoque de amor, compasión y justicia.

2. Dimensión de la salud y bienestar

En muchos contextos, la despenalización del aborto tiene que ver con el acceso a servicios de salud seguros y adecuados. La penalización del aborto pone en riesgo la salud de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, ya que puede llevarlas a buscar métodos inseguros. La despenalización del aborto garantiza que las mujeres tengan acceso a procedimientos médicos adecuados que no representen un peligro para su vida ni su salud. Esto también incluye el derecho a recibir información médica precisa y el acceso a otros servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva.

3. Dimensión de la justicia social y equidad

La penalización del aborto afecta de manera desigual a las mujeres, especialmente a aquellas en situaciones de vulnerabilidad, como las que viven en pobreza, las jóvenes, las rurales o las que pertenecen a comunidades marginadas. La despenalización del aborto es vista como una medida para garantizar que todas las mujeres, independientemente de su estatus social o económico, tengan acceso a los mismos derechos reproductivos y a una atención de salud digna.

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4. Dimensión de la igualdad de género

La despenalización del aborto está vinculada a la lucha por la igualdad de género, ya que implica reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre el embarazo y la maternidad. Negar ese derecho perpetúa la desigualdad, ya que las mujeres son las únicas que deben cargar con las consecuencias de un embarazo no deseado. La carga desproporcionada del trabajo de cuidados y la explotación del mismo,  también son factores a considerar cuando se abordan las implicaciones de la imposición de la maternidad pues pueden limitar la toma de decisiones sobre el futuro, carrera, relaciones y bienestar.

La penalización del aborto es una medida discriminatoria, pues reproduce estereotipos de género sobre las mujeres, entre ellos: 1) que la reproducción, gestación y maternidad son obligatorias para ellas; 2) que deben ser terceros -Estado, personal médico, pareja o familia- los que decidan sobre sus cuerpos porque ellas son incapaces; y 3) que la mujer debe continuar con un embarazo, incluso cuando afecta su vida, salud e integridad. 

5. Dimensión ética y de derechos humanos

La despenalización del aborto también tiene una base ética y de derechos humanos. El derecho a la vida y la salud de las personas con capacidad de gestar y aboretar debe ser respetado, y la penalización del aborto no solo les priva de su derecho a decidir, sino que también les niega el acceso a servicios médicos seguros y les coloca en una situación de vulnerabilidad. El derecho a decidir también cruza por la orientación sexual, la identidad y la expresión de género; muchas veces desde la invisibilización o discriminación.

6. Dimensión de la seguridad jurídica

La prohibición no evita los abortos, solo impone maternidades forzadas o termina por obligar a las mujeres a buscar procedimientos en condiciones inseguras. La despenalización del aborto implica una seguridad jurídica tanto para quienes abortan como para los profesionales de la salud, pues no deben temer represalias legales, y tanto el personal de salud como acompañantes pueden ejercer su labor con el conocimiento de que están brindando atención legal y ética.

7. Dimensión de la libertad reproductiva

El derecho a decidir también es parte de la libertad reproductiva, que implica ejercer control sobre la capacidad individual de procrear. Esto incluye la decisión de no ser madres si así lo desean, sin ser obligadas por el Estado o la sociedad a llevar adelante un embarazo. La libertad reproductiva también está vinculada con la educación sexual integral, el acceso a métodos anticonceptivos,  y la posibilidad de planificar el futuro familiar de acuerdo con las necesidades y deseos de cada persona.