Diversas organizaciones de mujeres han realizado una encuesta con el interés en identificar las opiniones del gremio salud, respecto a las razones médicas para indicar la realización de un aborto y la posición respecto a la posible despenalización en el nuevo Código Penal.
La Encuesta de opinión busca aportar al debate sobre el aborto desde las áreas de la salud pública, justicia social y de los derechos humanos de las mujeres siendo impulsada por el Centro de Estudios de la Mujer CEM-H, del Centro de Estudios y Acción Social para el Desarrollo de Honduras CESADEH, de Acciones para el Desarrollo Poblacional, ADP y del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, CIPRODEH. Asimismo, fue fundamental el apoyo de miembros del personal del Hospital del Sur, del Hospital de Occidente y de personas particulares.
Los hallazgos de la encuesta, señala que la restricción del aborto está relacionada con la mortalidad materna y la injusticia social y de género.
Por ser un tema tabú y penalizado legalmente las/os investigadoras enfrentaron dificultades para aplicar la muestra seleccionada, inicialmente 182 profesionales, participando finalmente 133 gineco-obstetras, es decir que un 14% se rehusó a ser parte del estudio.
Parte de los hallazgos evidencian que el 99,1% de las/os Gineco-Obstetras manifestaron haberse encontrado con abortos incompletos o complicaciones de los mismos, el 80,6% reconoce por lo menos una razón que justifica una indicación médica para practicar un aborto, siendo la más importante el cáncer. Además el 69,5% afirma que en los casos donde la vida de la mujer esté en riesgo la indicación médica para realizar un aborto contribuiría a reducir la mortalidad materna.
Así mismo, 78,7% de las/os Gineco-Obstetras está a favor de la despenalización del aborto para salvar la vida de la mujer si existe daños en el producto genético y cuando sea producto de violación o incesto.
En total, cuatro de cada cinco médicas y médicos gineco-obstetras en Honduras expresa que existen razones científicas que justifican la interrupción de un embarazo y casi esa misma cantidad estaría de acuerdo con despenalizar el aborto en Honduras.
La penalización absoluta del aborto pone en una situación compleja al personal de salud, que por la naturaleza de su profesión deben salvar la vida y atender a toda persona que llega con una emergencia obstétrica, y por el otro el Código Penal les obliga a criminalizarlas y negar un derecho humano, como es el acceso a la salud pública.
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