Texto por Iris Romero
Honduras se encuentra en una crisis social sostenida. Habitar este país es doloroso, cansado y complicado, pero habitarlo siendo mujer es triplicar los riesgos, los miedos, las rabias y la desprotección. Ante esta cotidianidad, realmente pocas cosas la mueven a una del asco permanente de vivir en esta precarización, pero hay cosas que son asombrosamente peligrosas que son importantes hablar (o escribir).
Esta semana, Frente a Frente, foro nacional de elevada audiencia, abrió uno de sus programas con la pregunta: «Si una niña de 12 o 13 años queda embarazada, ¿considera usted que el Estado también fracasó, además de la familia? ¿Quién debe asumir esa responsabilidad política?».
En el panel para discutir esta temática, había tres hombres y dos mujeres; y más allá de los análisis planos sobre la representatividad, me gustaría puntuar algunos elementos, principalmente sobre la participación de Ana María Mejía, secretaria de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y la Familia (SENAF), que, entre muchísimas intervenciones preocupantes, afirmó que en estas situaciones «no fracasó ni la familia ni el Estado».
El uso de narrativas blandas como complicidad con los agresores
Que un medio de comunicación masivo como Televicentro plantee una discusión en Frente a Frente sobre embarazo de infancias y adolescencias, concretamente con un caso delimitado en edad de 12 o 13 años, sin plantear la verdad inamovible de fondo de que todo embarazo de una niña es una violación, es jugar el juego de complicidad de los agresores.
Es prestarse a generar discusiones periféricas sin abordar el eje central de esta violencia. Es un enfoque tibio, cobarde y revictimizador porque pone la responsabilidad sobre actores secundarios (Estado y/o familia, y no sobre quien comete el delito: el violador.
Esta torpeza lingüística no parte del desconocimiento narrativo, al contrario, está cargada de intencionalidad. A Es hacer uso de la repetición histórica de cómo funcionan los medios de comunicación como moldeadores de conciencias colectivas es usar el poder de ser una voz social autorizada y ponerlo al servicio del patriarcado.
Y esta complicidad no es ingenua ni causal, sino el crudo funcionamiento del sistema; es el sometimiento social a través del dominio de los cuerpos, principalmente de las mujeres, que utiliza el statu quo para sostenerse incuestionable e inamovible.
Porque entre más precarizadas, sometidas, achicadas, ensimismadas únicamente en sobrevivir estamos, menos espacio sociocognitivo tenemos para cuestionarnos y organizarnos ante las injusticias.
Todo embarazo en la infancia es producto de una violación sexual
Cuando se plantea el embarazo de infancias aislado de qué los provoca (violación sexual) y lo que producen (maternidades no deseadas), se reduce la discusión, convenientemente, a un nivel personal que responsabiliza a la víctima.
Esta reducción de análisis imposibilita abordar temas trascendentales para la dignificación de la vida de las mujeres, como ser el aborto legal y la educación sexual integral, y a su vez sostiene intactas las violencias estructurales que hay detrás de esta problemática social, como la cultura machista y la injerencia de grupos religiosos en las decisiones del Estado (ausencia de laicidad).
Honduras posee los índices de embarazos adolescentes más altos de la región, según el UNFPA. Irónicamente, también es un país donde existe la prohibición absoluta del aborto a nivel constitucional y no existe una Ley de Educación Sexual Integral. El desconectar el problema de embarazos en infancias de estas dos realidades entorpece la toma de decisiones estatales e individuales asertivas para reducir estos índices.
Cuando hablamos de aborto legal, no lo hablamos como una obligatoriedad para la persona embarazada; lo hablamos como una opción de salud pública que es decisión de la persona gestante. Lo hablamos como una opción donde una niña no deba ser obligada por el Estado a una maternidad no deseada.
Concretamente, en Honduras luchamos por el aborto bajo tres causales que son cuando el embarazo sea producto de una violación sexual, cuando el embarazo pone en peligro la vida de la persona embarazada, o cuando el producto genético es incompatible con la vida extrauterina.
Estas tres causales cruzan significativamente los casos de embarazos en infancias, ya que estos son producto de una violación sexual, ponen en riesgo la vida de la niña porque su cuerpo no está preparado biológica, anatómica y psicológicamente para un proceso tan complejo como un embarazo, y porque por esta misma razón los embarazos suelen terminar con la inviabilidad extrauterina del producto genético.
Esto termina constituyendo un ciclo sostenido de violencia profunda a las niñas porque el Estado las hace sostener un embarazo producto de una violación, que por su edad es riesgoso y que, en caso de culminación del mismo, representa situaciones que violentan los derechos humanos y les genera una experiencia traumática. Por un lado, si el producto culmina su desarrollo y nace, la condena a una maternidad no deseada o si no, la obliga al evento torturante y traumático de cursar un embarazo donde la incompatibilidad extrauterina llevará a la muerte al producto genético.
Por otro lado, la educación sexual integral es una manera efectiva de brindar información y herramientas a las infancias para prevención, detección y protección ante violencia sexual y psicológica, que en casos de embarazos de infancias es ampliamente sabido que ocurren en estos marcos conductuales y psíquicos.
Es por esto que el abordaje de la violencia sexual y los embarazos en la infancia no es únicamente desde la severidad de penas condenatorias, sino desde un enfoque psicosocial que incluya la educación sexual y desde el reconocimiento legal de derechos como el aborto.
El rol del Estado y las familias
El intentar debatir la situación de violencia sexual que provocan los embarazos en las infancias desde un ámbito doméstico-privado es condenar a que esta problemática siga sucediendo sistemáticamente.
Cuando delimitamos como «fracaso» familiar las violencias estructurales, estamos analizando la realidad desde un enfoque revictimizante y le otorgamos impunidad al Estado.
El no comprender la estructura social de precarización, falta de acceso a la educación y salud, la pobreza extrema, etc., en que se dan las agresiones sexuales que terminan en embarazos para las infancias, nos limita poder implementar sistemas de protección funcionales. Y el Estado, como garante de derechos, está en la obligación de construir mecanismos de protección diferenciados y especializados para todas las poblaciones.
Contrario a lo que manifiesta la Secretaria de la SENAF, que niega que un embarazo de una niña sea un fracaso, esta situación es un reflejo doloroso de lo precaria que es la vida de las niñas, adolescentes y mujeres en este país. Refleja que las mujeres vivimos en las periferias del sistema y sufrimos una desprotección profunda por parte del Estado.
Esta es una discusión de salud pública y la garantía pública de la prevención de embarazos es inminentemente responsabilidad del Estado. El planteamiento que se hace, donde se coloca en disputa la responsabilidad entre lo socialmente público (Estado) y privado (familia) solo desvía la atención de quien merece todos los esfuerzos políticos para mejorar esta situación: las víctimas de estas violencias.
Este planteamiento tiene de fondo un reflejo de las ideas patriarcales instaladas en la sociedad de que lo concerniente a las mujeres o a la salud sexual y reproductiva es algo de menor categoría y que concierne a lo privado, y por ende no debe hacerse público. Esta forma de análisis convoca a los ancestrales silencios cómplices que siempre han vulnerado la vida de las mujeres.
El sostener esta idea concretamente en los análisis sobre embarazo en las niñas es alarmante cuando sabemos que las agresiones sexuales en infancias que terminan en embarazos ocurren en el seno familiar, por agresores de la familia o cercanos a la familia.
Esta discusión no se debe recluir al ámbito doméstico y no se debe quitar responsabilidad del Estado ni revictimizar a las niñas y sus familias.
Así como tampoco debemos olvidar que el cumplimiento de garantías de derechos humanos como la educación sexual integral y el aborto permitirían contar historias diferentes, dignas y felices para las niñas.
No avalemos la complicidad que los medios de comunicación tienen con los agresores sexuales cuando en sus planteamientos sobre embarazos en niñas no mencionan en ningún lugar que la responsabilidad-culpa es del agresor.
Rotemos el discurso, y no olvidemos que las palabras que se omiten se vuelven cómplices de los agresores y que la culpa es siempre del violador.