En América Latina el aborto es legal sin justificaciones para su ejercicio en cuatro países y legal con una o más razones justificativas en 12 países. Honduras junto con El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana es uno de los seis países latinoamericanos que criminalizan totalmente el aborto con penas establecidas en la Ley Penal desde los 3 y hasta los 10 años de cárcel para quien lo cause. Durante el proceso de incidencia liderado por la Plataforma Somos Muchas: por la libertad y la vida de las mujeres para la despenalización del aborto en Honduras entre los años 2016 y 2017, no se tenían datos procesados sobre las mujeres judicializadas por abortar, lo que debilitaba las estrategias de incidencia alrededor del nuevo Código Penal para que los tomadores de decisión pudieran sensibilizarse sobre el impacto directo de la criminalización en la salud y la vida de las mujeres.
El objetivo principal de esta investigación fue analizar las resoluciones del sistema de justicia hondureño y los requerimientos fiscales sobre casos judicializados de mujeres a las que se acusó de haber abortado en el periodo de 2006 a 2018, para obtener datos demográficos y sustantivos sobre cómo fue el proceso penal al que se enfrentaron y el tipo de justicia que se impartió.
Se espera que este estudio brinde información sobre los perfiles de las mujeres judicializadas, los actores involucrados en el proceso de criminalización y el comportamiento del Estado de Honduras a través de sus operadores de justicia penal (Ministerio Público, Policía Nacional, Agentes de investigación Criminal y Jueces penales) y operadores de salud (Médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y personal hospitalario administrativo y legal). Además, se brindan comentarios con un enfoque jurídico-social con perspectiva de género y derechos humanos alrededor de los tres principales hallazgos de este estudio. Estos comentarios se dedican a profundizar en las partes más complejas alrededor de: el bien jurídico protegido, el debido proceso y el secreto profesional.
Finalmente, se examinan a profundidad los criterios jurídicos encontrados en las sentencias absolutorias y condenatorias, a partir de cuatro categorías de clasificación: debilidad de la acusación por parte del Ministerio Público, beneficios aplicados antes o después del proceso penal, salud mental o física, y procedimiento abreviado.