Investigación “Criminalización de mujeres por el delito de aborto en Honduras 2006 – 2020”

Pronunciamiento del 9.º Encuentro Honduras en Clave Derecho a Decidir

Nos encontramos porque nuestras luchas están profundamente conectadas.

Desde distintos territorios, movimientos, familias, experiencias e identidades, compartimos la defensa de una vida digna, de nuestros derechos humanos, de nuestra autonomía y de la posibilidad de construir futuros en los que podamos vivir libres de violencias, discriminación, miedo y exclusión.

En un contexto político, social y económico amenazante que busca dividirnos, agotarnos y sembrar desesperanza, decidimos desafiar y encontrarnos por una causa común. Elegimos reconocernos en nuestras luchas, fortalecer alianzas y recordar que ninguna transformación ocurre de manera aislada. Los cambios son posibles, pero requieren organización.

Apostar por el derecho a decidir es construir autonomía sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Es vivir en este país teniendo la certeza de que todas las personas debemos tomar decisiones sobre nuestro presente y nuestro futuro con dignidad, información, libertad y sin miedo a la criminalización o al estigma. Condenamos el abuso del derecho penal como herramienta de control social.

Hablar de derechos sexuales y justicia reproductiva también implica abordarlo desde la perspectiva de los cuidados. La privatización de los servicios públicos, el desempleo y la explotación laboral, más la sobrecarga invisible de los trabajos no remunerados, restringen la toma de decisiones libres de dependencia económica. Por eso, decidir sobre nuestros cuerpos es, ante todo: reivindicar el derecho a cuidarnos, porque no habrá verdadera libertad mientras el cuidado siga siendo un privilegio y no un derecho.

Por eso, hablar del derecho a decidir también nos invita a hablar de justicia social, de vidas libres de violencia, de acceso a la salud y a la educación, de diversidad, de defensa de nuestros territorios, de libertad de expresión, de igualdad y del derecho de todas las personas a vivir con dignidad.

Frente a los discursos vengativos y acciones autoritarias que pretenden negar nuestros derechos, silenciar nuestras voces o enfrentarnos entre nosotras, reafirmamos la rebeldía de encontrarnos, cuidarnos y construir desde lo colectivo.

Este Encuentro es una apuesta por la esperanza.
Porque ninguna lucha tiene que sostenerse por sí misma y cuando nos encontramos nos fortalecemos.

Seguimos encontrándonos, articulándonos, acuerpándonos y construyendo una Honduras donde decidir sea nuestro derecho.

 

En América Latina el aborto es legal sin justificaciones para su ejercicio en cuatro países y legal con una o más razones justificativas en 12 países. Honduras junto con El Salvador, Nicaragua, Haití, Surinam y República Dominicana es uno de los seis países latinoamericanos que criminalizan totalmente el aborto con penas establecidas en la Ley Penal desde los 3 y hasta los 10 años de cárcel para quien lo cause. Durante el proceso de incidencia liderado por la Plataforma Somos Muchas: por la libertad y la vida de las mujeres para la despenalización del aborto en Honduras entre los años 2016 y 2017, no se tenían datos procesados sobre las mujeres judicializadas por abortar, lo que debilitaba las estrategias de incidencia alrededor del nuevo Código Penal para que los tomadores de decisión pudieran sensibilizarse sobre el impacto directo de la criminalización en la salud y la vida de las mujeres.

El objetivo principal de esta investigación fue analizar las resoluciones del sistema de justicia hondureño y los requerimientos fiscales sobre casos judicializados de mujeres a las que se acusó de haber abortado en el periodo de 2006 a 2018, para obtener datos demográficos y sustantivos sobre cómo fue el proceso penal al que se enfrentaron y el tipo de justicia que se impartió.

Se espera que este estudio brinde información sobre los perfiles de las mujeres judicializadas, los actores involucrados en el proceso de criminalización y el comportamiento del Estado de Honduras a través de sus operadores de justicia penal (Ministerio Público, Policía Nacional, Agentes de investigación Criminal y Jueces penales) y operadores de salud (Médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y personal hospitalario administrativo y legal). Además, se brindan comentarios con un enfoque jurídico-social con perspectiva de género y derechos humanos alrededor de los tres principales hallazgos de este estudio. Estos comentarios se dedican a profundizar en las partes más complejas alrededor de: el bien jurídico protegido, el debido proceso y el secreto profesional. 

Finalmente, se examinan a profundidad los criterios jurídicos encontrados en las sentencias absolutorias y condenatorias, a partir de cuatro categorías de clasificación: debilidad de la acusación por parte del Ministerio Público, beneficios aplicados antes o después del proceso penal, salud mental o física, y procedimiento abreviado.

20 de enero de 2020