Texto por Josselyn López
Fotografía del encabezado por Martín Cálix, Contra Corriente
Hace un año, el huracán Eta, categoría 4, pasaba por nuestro territorio con vientos de hasta 275 km/h, afectando principalmente en la región norte. El 16 de noviembre, el huracán Iota toca nuestro país, dejando más inundaciones y daños por vientos, afectando a las comunidades más vulnerables después del paso de Eta. Esto dos hechos dejaron a Honduras en una crisis humanitaria, añadida a la crisis sanitaria que ha prevalecido desde el 2019.
El paso de estos dos huracanes dejó un gran número de familias viviendo de manera insegura en la orilla de la carretera de La Lima, El Progreso, alrededores de Chamelecón y sectores vulnerables de la capital. Más de 4 millones de personas fueron afectadas por los huracanes Eta e Iota, de esta cantidad el 37% eran mujeres, siendo el sector poblacional más afectado por la emergencia climática.
Violencia machista y patriarcal en medio de los huracanes
Más de 45,000 personas incluidos niños y niñas, estaban evacuadas en los albergues temporales. Los cuales lejos de ser un refugio, fueron un lugar de desamparo y hostilidad. Las mujeres sufrieron todas las violencias que cotidianamente sufrían antes de los huracanes, y siguen sufriendo un año después de los mismos.
Los días en los albergues no fueron fáciles, la alimentación que recibían no era adecuada, dormían en cartones y en algunos albergues no se contaba con energía eléctrica en el área de los baños. Lamentablemente, dentro de los albergues hubo casos de violencia sexual contra menores de edad, dejando en evidencia que la violencia machista y patriarcal es un problema estructural que se ha perpetuado durante muchos años.
La Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF) indicó en un comunicado que esta institución estaba dando protección a dos niñas de 10 y 16 años por casos de abuso sexual y 27 albergues estaban siendo intervenidos.
Las cifras de violencia sexual no han disminuido y hasta el 05 de agosto de 2021, según el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), se contabilizan 314 agresiones contra mujeres.
La salud sexual y reproductiva: una deuda pendiente del Estado
El manejo irresponsable de los recursos para atender la pandemia resultó en serias dificultades para el abastecimiento de medicamentos y métodos anticonceptivos en los centros de salud. Durante el 2020, el acceso se vio interrumpido o reducido en su mayoría como respuesta a la pandemia por COVID-19. En el caso de las mujeres embarazadas, las atenciones eran específicamente para aquellas que tenían más de 40 semanas o si el embarazo era de alto riesgo de acuerdo con el Informe Situacional 2020: Violencia de género durante la crisis social/sanitaria de GOJoven.
En los albergues la situación empeoró, la atención sanitaria a las mujeres fue poca o nula, aparte de sufrir violencia y desigualdades sufrían la discriminación por el hecho de ser mujeres al no reconocer sus derechos sexuales y derechos reproductivos.
La salud sexual y reproductiva debió de ser una de las atenciones integrales priorizadas debido a la probabilidad de aumento de embarazos no deseados y posibles infecciones vaginales por la exposición a aguas contaminadas.
Desde el 2009, está prohibido la promoción, el uso y la distribución de la Pastilla Anticonceptiva de Emergencia, siendo el único país de Latinoamérica que la prohíbe: el aborto es penalizado y en enero de 2021 se blindó de manera inconstitucional la prohibición absoluta del aborto para impedir su legalización, vulnerando de manera arbitraria los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
A un año de la terrible situación de los huracanes Eta e Iota, siguen 181 albergues activos por la Secretaria en los Despachos de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales (COPECO), con un total de 7,597 personas de las cuales 3,637 son mujeres.
Este día traemos a la memoria la ineficiencia del Estado para dar una respuesta oportuna a la crisis climática y humanitaria producto de los huracanes Eta e Iota y exaltamos los esfuerzos del pueblo por salvar al pueblo.
Ante el abandono Estatal, organización popular
Honduras cuenta con un ente gubernamental responsable de organizar, dirigir, coordinar y adoptar las medidas necesarias de prevención para la protección de la vida de los habitantes ante catástrofes naturales, pero quedó evidenciado que no existen políticas públicas integrales, como la gestión de riesgo y ordenamiento territorial, que permitan hacerle frente a los eventos climáticos.
La Cruz Roja Hondureña, El Cuerpo de Bomberos de Honduras y otras instituciones realizaron labores de rescate ante la situación, en conjunto de grupos de apoyo y personas que llegan con sus donativos, para dar respuesta a responsabilidades que debían y deben de estar en las manos de los entes gubernamentales.
La mayor respuesta ante la crisis fue por medio de colectivos barriales, organizaciones feministas y de derechos humanos, quienes juntaron esfuerzos y sostuvieron la vida durante ese tiempo de desesperanza, a través de acciones colectivas, como entrega de kits sanitarios, métodos anticonceptivos, alimentación y ropa.
Aunque la crisis era enorme, no se dejó de lado la necesidad de un acompañamiento psicológico. Los primeros auxilios psicológicos fueron brindados por voluntarios y voluntarias, ya que el Estado de Honduras fue incapaz de garantizar esta atención. Difícilmente ha podido garantizar la integridad física de los habitantes.
La población hondureña demostró su resiliencia, la cual se vuelve indispensable para habitar en un país como este. Demostró también la calidez humana, la solidaridad y la acción comunitaria para enfrentar la desolada situación; gracias a esto Honduras pudo tener un poco de consuelo.
Traemos a la memoria todas estas acciones solidarias para no olvidar que, ante las necesidades y la integridad de la población hondureña, el Estado de Honduras falló en proveer los servicios y atención mínima. En este año electoral no olvidamos su desprecio ante la desolación y la desesperanza de miles.