➡️ La prohibición absoluta del aborto es una violación a los derechos fundamentales de esas niñas.
➡️ El Centro de Derechos Reproductivos, una organización global, presentó un escrito técnico -amicus- para respaldar el recurso de inconstitucionalidad contra esa prohibición.
Tegucigalpa, 2 de agosto, 2022. Cada día, tres niñas menores de 14 años se convierten en madres producto de una violación sexual en Honduras. Es decir, son obligadas a asumir una maternidad forzada y comprometer su futuro, porque la interrupción del embarazo está prohibida en todas sus formas, denunció hoy la Plataforma Somos Muchas.
Regina Fonseca, vocera de la plataforma de mujeres y feministas, subrayó que, como si fuera poco, otras 65 adolescentes de entre 15 y 18 años también se enfrentan a la misma tragedia todos los días.
Ante la grave situación, esta mañana Catalina Martínez Coral, directora para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos (CRR por sus siglas en inglés), presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un amicus curiae para respaldar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Somos Muchas y 20 organizaciones sociales más, en contra del Decreto que prohíbe de forma absoluta la interrupción del embarazo.
Martínez Coral destacó que la penalización no evita los abortos, sino que lleva a que las “mujeres y niñas víctimas de violación tengan que recurrir a procedimientos inseguros, o asuman embarazos y maternidades forzadas. Y eso se da en mayor medida con aquellas que tienen menores recursos económicos y que viven en zonas rurales”.
El amicus señala que el aborto debería ser un servicio de salud esencial, especialmente para las sobrevivientes de violación. Explica también que Honduras, de manera soberana, ha ratificado varios tratados internacionales que establecen protecciones a la vida y la salud sexual y reproductiva de las niñas y mujeres.
Al suscribir los tratados, el Estado se comprometió a cumplirlos y así quedó establecido en la Constitución Nacional (artículos 16 y 18), donde se explica que, en caso de que las leyes locales entren en conflicto con los tratados, se dará prioridad a los acuerdos internacionales. Esa decisión ha sido ratificada varias veces por la Corte Suprema en sentencias pasadas.
¿Qué es un amigo de la Corte?
La figura del amicus curiae (amigo de la Corte) es empleada por diversos tribunales internacionales y nacionales para que terceros ajenos a un proceso, que cuentan con un justificado interés en la resolución final del litigio, aporten argumentos, conocimiento, experiencia y opiniones de trascendencia que pueda servir como elementos de juicio para sustentar el proceso.
La presentación del amicus curiae apunta entonces a concretar una doble función: primero a aportar a la Corte argumentos u opiniones que puedan servir como elementos de juicio para que tome una decisión ilustrada al respecto; y en segundo lugar brindar carácter público a los argumentos empleados frente a una cuestión de interés general decidida por el Poder Judicial.
Sobre el Centro
El Centro de Derechos Reproductivos es una organización global que cuenta con más de 20 años de experiencia utilizando herramientas legales para promover la autonomía reproductiva como un derecho humano fundamental que todos los Estados están obligados a proteger, respetar y cumplir.
El Centro hace parte del Movimiento Causa Justa que recientemente logró la despenalización parcial del aborto en Colombia hasta un punto amplio. La oficina del Centro para Latinoamérica y el Caribe
ha acompañado la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres en países como El Salvador, Ecuador, Brasil, Perú, Costa Rica, Chile y Colombia.
Sobre Somos Muchas
Somos Muchas es una plataforma integrada por más de 20 organizaciones sociales y cientos de mujeres hondureñas que luchan por la despenalización legal y social del aborto. Nació en 2016 en el marco de las discusiones sobre el nuevo Código Penal, con el propósito de incidir en el Congreso Nacional de Honduras para lograr la despenalización del aborto por tres causales: cuando el embarazo fuese producto de una violación sexual; cuando ponga en riesgo la salud o vida de la mujer embarazada; o cuando existan graves malformaciones congénitas incompatibles con la vida.