Ante la conformación de la Junta Nominadora y la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, nosotras organizaciones de mujeres y feministas, defensoras de los derechos humanos y organizaciones firmantes nos pronunciamos:
Honduras es uno de los países con un índice de Estado de Derecho de 0.393%, en el lugar 28 de 32 países en la región de América Latina y el Caribe1. A consecuencia de ello, las y los ciudadanos vivimos altos niveles de inseguridad ciudadana, falta de acceso a la justicia de las poblaciones en condición de vulnerabilidad y la no separación de los poderes del Estado para fortalecer la democracia en el país. Además, está catalogado como el 10mo país de mayor desigualdad de América Latina2, reflejándose con un índice de desigualdad de género de 0.423% (PNUD, 2022); que incide en las múltiples discriminaciones de nosotras las mujeres hondureñas, por razones de clase social, etnia, género y sexualidad.
Al ser uno de los países más desigual de América Latina se han creado las condiciones para ser el tercer país con un 90% de impunidad en violencias de género, altas tasas de femicidios, violaciones sexuales y violencia política. Sumado a ello, los diversos obstáculos sociales y culturales para cumplir con la cuota de paridad de género en los cargos de elección popular.
La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal con jerarquía del Poder Judicial, uno de los tres poderes de la República de Honduras, por lo tanto, tienen un importante papel en la administración de justicia, en el control interno de los tribunales de primera instancia a los que acudimos las mujeres y sobre el control de constitucionalidad, es un actor más que debe intervenir en la conquista de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
Consideramos que en los próximos meses estaremos viviendo uno de los momentos más trascendentales para el futuro y la vida política de nuestro país, donde las mujeres siempre hemos sido y seremos actoras clave en las transformaciones que exigen el contexto histórico actual. Por ello, vemos la necesidad de pronunciarnos exigiendo:
- Demandamos una Corte Suprema de Justicia integrada por profesionales capaces y éticos, demostrando en su hoja de vida, compromiso con la aplicación de la justicia en las situaciones de violaciones a los derechos humanos de nosotras las mujeres y de las poblaciones en condiciones vulnerables.
- Exigimos transparencia en todo el proceso de selección que realizará la nueva Junta Nominadora, garantizando la observación de toda la población por los mecanismos establecidos y la observación presencial de quienes lo soliciten.
- Demandamos el cumplimiento estricto de los procedimientos existentes en la Nueva Ley que regula el funcionamiento de la Junta Nominadora, aplicando en todo momento criterios de género y derechos humanos para la elección y la ponderación de méritos de los nuevos candidatos.
- Exigimos el cumplimiento de las cuotas de paridad existentes y más allá de eso, también hacemos el llamado a las Diputadas y los Diputados del Congreso Nacional de la República, a votar por mujeres capaces comprometidas con nuestros derechos humanos, que garantice la integración de magistradas con una visión y práctica aplicando principios de transparencia, ética en la administración y aplicación de la justicia.
Las mujeres y niñas hondureñas exigimos una Corte transparente, capaz, independiente, justa y comprometida con el respeto y cumplimiento de nuestros derechos en Honduras.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C 10 de agosto del 2022
Somos Muchas
CEM-H
Centro de Derechos de Mujeres
Plataforma 25 de noviembre
Foro SIDA
GE-PAE
Acción Joven
Ecuménicas por el Derecho a Decidir
Asociación Ixchel
FENAPAPEDISH
OPTIO
CODIMCA
Red de Mujeres de Santa Ana
CEPROSAF
Colectiva Mariposa 88 HN
Red de Mujeres Rurales